Pilar Cecilia Ayecaba/ Gabinete de Comunicacion del Senado/ Lunes, 28-03-2016
NACIONAL
La delegacion del Departamento tutor del Proyecto de Ley Organica sobre la Proteccion de Datos Personales, ha comparecido este lunes en el Senado para dar las pertinentes aclaraciones a las dudas  surgidas en el seno de la Comision Permanente de Infraestructuras, Comunicacion, Transportes y Nuevas Tecnologias, durante la vista en segunda lectura del estudio y analisis de este documento legal.  
En primer lugar la delegación que encabezaba el Secretario de Estado de Tecnologías y Telecomunicaciones, Rufino Ovono Ondo Engonga, ha tenido que responder a la cuestión del título, ya que  los senadores han precisado aclaraciones sobre por qué el documento se ha denominado Proyecto de Ley Orgánica y no Proyecto de Ley, si se tiene en cuenta que existen leyes reguladoras de derechos y libertades bajo la denominación de ley ordinaria y que cumplen perfectamente con su cometido, y sin obviar el hecho de que en concordancia con el ordenamiento jurídico de nuestro país, la ley orgánica está reservada para la creación y desarrollo de Órganos constitucionales.
La comisión que preside Teresa Efua Asangono entiende que la plenitud de la soberanía del Parlamento le permite decir cómo ha de regularse un texto normativo, por lo que entiende que en el ámbito del ordenamiento jurídico de la República de Guinea Ecuatorial no hay una fuente de derecho que determine el ámbito en el que deben desarrollarse las leyes orgánicas sin previa mención específica en la Constitución, y como en este caso no se cumple esta premisa, el título ha de ser el de una ley ordinaria, aclarando además que en términos de jerarquía normativa la ley orgánica no es superior a la ley ordinaria, por lo que la explicación de adecuarla al ámbito internacional dada por la delegación de Tecnologías y Telecomunicaciones no ha convencido ya que, Guinea Ecuatorial, como cualquier estado soberano, tiene que adecuar su ámbito jurídico a su propia realidad con leyes que armonicen y garanticen la seguridad jurídica de su pueblo.
Por otra parte los senadores han vuelto a mostrar su disconformidad con la cuantía de las sanciones fijadas por la infracción de las normas establecidas en este proyecto de ley, la cual consideran insuficiente y poco disuasoria si se compara con las transacciones y los cuantiosos beneficios que generan las actividades derivadas, requiriendo igualmente explicaciones sobre quién captaría los beneficios ilícitos y cuál sería el procedimiento a seguir, por lo que se debe aclarar el mecanismo adoptado para la fijación de las mismas, y proponiendo que se armonice  en un año  el plazo para la prescripción de las infracciones y sanciones contenidas en el proyecto de ley.
Detallar el procedimiento a seguir para la resolución de los conflictos que pudieran surgir en la utilización de datos personales que figuren  en las guías de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, explicar por qué las sanciones serán impuestas únicamente por la Administración Pública y no por los tribunales de justicia, así como conocer con exactitud quién tiene el deber y la obligación de denunciar la inexactitud de los datos personales obtenidos y registrados, han sido, entre otros aspectos de forma y fondo, parte del cuestionario que la Comisión Permanente de Infraestructuras, Comunicación, Transporte y Nuevas Tecnologías ha presentado al Gobierno para sus pertinentes aclaraciones.
La delegación que encabezaba Rufino Ovono Ondo Engonga ha tomado buena nota de las cuestiones y sugerencias hechas por  los Senadores las cuales serán satisfechas, según ha informado a la comisión, en la jornada de este martes.